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Temoaya, Edoméx, 1 de mayo de 2019.- El delito de homicidio con ensañamiento, crueldad o de odio manifiesto motivado por discriminación, aversión o rechazo a la víctima por su condición social o económica, religión, origen étnico, discapacidad, orientación sexual o identidad de género de la víctima, será sancionado con penas de 40 a 60 años de prisión o hasta prisión vitalicia y de 700 a cinco mil días multa, aprobó por unanimidad la 60 legislatura del Estado de México.
La iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de México, presentada por el diputado Mario Gabriel Gutiérrez Cureño, en nombre del Grupo Parlamentario de morena, fue aprobada durante la sesión deliberante realizada en el Centro Ceremonial Otomí, en el municipio de Temoaya, declarado previamente recinto oficial del Poder Legislativo.
De acuerdo con el dictamen, al que dio lectura el propio diputado Gutiérrez Cureño, las reformas tienen entre sus propósitos agravar las penas carcelarias cuando los homicidios y lesiones se cometan por odio o rechazo en contra de personas de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual (LGBTTTI) y de quienes, por otras razones, como su edad, discapacidad, origen o identidad étnica y religiosa puedan ser víctimas de estos delitos.
El dictamen detalla que, a quien cometa el delito de lesiones por estas causas, se le impondrán penas de seis meses a dos años de prisión y de 50 a 150 días-multa.
Esto, dijo el legislador, tiene el fin de tutelar la dignidad humana, el respeto y reconocimiento de las diferencias sexuales, ideológicas, físicas, de género, de condición social, económica o étnica, “bajo el contexto de que las personas deben de reconocerse unas a otras con tolerancia y respeto de los derechos universales”.
EXHORTAN A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD A INSTAURAR PROTOCOLO
ANTE INTENTOS DE LINCHAMIENTO
La Legislatura del Estado de México aprobó de manera unánime emitir un exhorto a la Secretaría de Seguridad del Estado de México “a fin de instaurar un protocolo de atención a eventos vinculados a intentos de linchamiento”.
El dictamen, al que dio lectura la diputada Araceli Casasola Salazar (PRD) establece que la propuesta surge ante el incremento en los casos de intento de linchamientos en la entidad mexiquense y busca el fortalecimiento del estado de derecho, la tutela de la vida de los gobernados y la promoción de la cultura de la legalidad.
La iniciativa, presentada por los integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, establece que según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2018, sólo un 5.2% de los delitos fueron investigados. Asimismo, este instrumento reportó que un 40.8% de las víctimas en la entidad consideran como la razón principal para no denunciar un delito la pérdida de tiempo que el trámite conlleva, en tanto que el 18.2% manifestó como razón la desconfianza en las autoridades.
En este documento legislativo se advierte que la ineficacia de las autoridades para brindar seguridad y justicia a los ciudadanos, los ha llevado a organizarse por sus propios medios a fin de repeler los robos, asaltos y las agresiones cotidianas de las que son objeto, situación que ha quebrantado el frágil estado de derecho y contribuido a legitimar la autodefensa como una vía válida y aceptable para la población.
Indica, además, que el agravamiento del clima de inseguridad no sólo ha deteriorado la tranquilidad y la convivencia pacífica en múltiples comunidades y municipios del Estado de México, sino que el hartazgo por la omisión de parte de las instituciones encargadas de impartir justicia y seguridad, ha llevado a sectores de la sociedad mexiquense a normalizar y multiplicar la violencia mediante la realización de presuntos delincuentes.
