Toluca, México, 28 de diciembre de 2017.- A nivel nacional, combatir la violencia de género y sancionarla implica un gran reto para los ámbitos jurídico y administrativo, pues hay obstáculos burocráticos que entorpecen la labor, sostuvo en la Universidad Autónoma del Estado de México, la integrante del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), María Guadalupe Díaz Estrada.
La especialista afirmó que desde el ámbito de la procuración de justicia es posible constatar, por ejemplo, que hay una falta de órdenes de protección, es decir, las autoridades no las emiten como una acción para prevenir agresiones o hasta un feminicidio y en caso de ser emitidas, generalmente no se les da seguimiento oportuno.
Además, lamentó, existe una sobrecarga de trabajo para el seguimiento de carpetas de investigación, ya que en la mayoría de los estados cada ministerio público tiene bajo su responsabilidad un promedio de siete carpetas, aunque, por ejemplo, en el Estado de México la cifra se eleva a mil 500 por instancia.
También, refirió, falta coordinación y comunicación entre los ámbitos administrativo y jurídico, lo cual impide una adecuada integración de las carpetas de investigación y tiene como consecuencia el retraso de las sentencias.
“A veces existe una mala integración de las carpetas de investigación cuando llega al Poder Judicial, es decir, no tienen los suficientes elementos para poder emitir una buena sentencia y posiblemente, la segunda instancia se las tire”.
María Guadalupe Díaz Estrada denunció que también es evidente la falta de programas específicos para la capacitación de los denominados operadores de justicia y lamentó que únicamente se impartan talleres o pláticas para cubrir una formación especializada en la materia.
