A un año de tragedia en Germanwings, inicia la batalla legal

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24 de mar.- Un año después de la tragedia de Germanwings, cuyas víctimas fueron honradas hoy con una sencilla ceremonia el aeropuerto de Düsseldorf, destino del avión estrellado en los Alpes franceses por el copiloto suicida Andreas Lubitz, los abogados de las familias de las víctimas se preparan para el primer asalto de la que será una larga y arriesgada batalla legal.

Será la próxima semana en un juzgado de Phoenix, en el estado estadounidense de Arizona, donde se encuentra la escuela de pilotos de Lufthansa a la que Lubitz fue enviado por la compañía aérea para continuar la formación de piloto iniciada en Bremen.

Los médicos de ese centro ya le detectaron a Lubitz alteraciones psíquicas y periodos depresivos psicóticos que hubieran justificado su expulsión y una declaración de no apto para la profesión de piloto, lo que no ocurrió.

Para el letrado alemán Christof Wellens, uno de los 48 abogados que se han registrado en Germanwings como representantes de las 150 víctimas de la tragedia, 71 alemanas y 79 extranjeras, la negligencia de la escuela no sólo es evidente sino que convierte a Lufhansa, propietaria al 100 por cien del centro, en corresponsable.

Ese será el argumento central de las acciones legales que Welles emprenderá en Phoenix a través de un bufete estadounidense y en cooperación con un letrado de Berlín, Elmar Giemulla. La presentación formal de la demanda estaba prevista para este jueves, pero se ha retrasado una semana para incorporar en ella nuevos elementos, según informó el abogado estadounidense que llevará el caso, Brian Alexander.

Las demandas se corresponden a 80 de las 150 víctimas de la tragedia de Germanwings, procedentes de varios países, entre ellos Alemania, Holanda y México. Van firmadas por 41 familias, que consideran decepcionantes las indemnizaciones ofrecidas por Lufthansa y agotada la vía de diálogo con la compañía.

«Las indemnizaciones de Lufthansa son muy bajas, casi un insulto», declaró Wellens, quien una vez confirmado en su argumento de responsabilidad de la escuela de Lufthansa en Phoenix por el informe final elaborado por la Oficina de Investigación y Análisis de la Seguridad de Aviación Civil (BEA), ve posibilidades de multiplicar en Estados Unidos hasta por treinta los montos liberados por Lufthansa para los familiares de las víctimas.

La compañía matriz de Germanwings desembolsó 50.000 euros por víctima como ayuda económica inmediata, a los que se sumarían 25.000 euros por el dolor y el sufrimiento causado, y 10.000 más como «complemento».

Lufthansa creó asimismo una fundación para ayudar a las familias de las víctimas con una aportación de 15 millones de euros.

Para Wallens, Giemulla y buena parte de las familias afectadas por la catástrofe, cantidades indecentes que denotan la actitud displicente y poco generosa de una compañía como Lufthansa.

Los letrados confían en que ganarán el juicio en Phoenix, aunque esta acción legal será arriesgada y podría acabar en un fiasco, salvo si el argumento legal que ambos aportan, reforzado con el informe técnico de BEA, convence al tribunal.

En la guerra argumentativa que libran entre las bambalinas de la tragedia los juristas, se cita la demanda frustrada puesta en Estados Unidos contra Boeing y el hecho de que Germanwings no vuele a Estados Unidos e incluso carezca de representación.

«Es un camino pedregoso que podría costar más dolor y desde luego dinero a los demandantes», sostiene el abogado Ultrich von Jeinsen, representante de algunas víctimas de Germanwings que no se querellan en Estados Unidos y con quien Giemulla trabajó el expediente del Boeing 757 siniestrado en Puerto Plata (República Dominicana) en febrero de 1996, en el que murieron 189 pasajeros, entre ellos 164 turistas alemanes.

Giemulla, abogado de 67 años y experto en derecho aeronáutico, reitera no obstante su optimismo y sostiene que la pelota sigue estando en el tejado de Lufthansa. O reanuda las negociaciones y paga indemnizaciones justas o esperamos la decisión de los tribunales estadounidenses y acata pagos que podrían oscilar entorno a los 3,3 millones de euros por víctima.

 

elmundo.es


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