La vida del mexicano que fue testigo del asesinato de la activista Berta Cáceres corre peligro si permanece en Honduras, alertaron el jueves organizaciones locales e internacionales, en tanto, el Gobierno de México pidió a su par centroamericano que le permita regresar a su país «lo antes posible».
El activista Gustavo Castro estuvo presente y resultó herido durante el ataque a tiros contra la premiada líder indígena, quien había denunciado amenazas por su oposición a grandes proyectos hidroeléctricos y mineros.
«Está en serio peligro», dijo a Reuters Marcia Aguiluz, del Centro Por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) para América Central y México. «Los intereses de los que mataron y mandaron a matar a Berta Cáceres son extremos y podrían atentar en su contra», agregó.
Un juez ordenó la permanencia de Castro en el país por 30 días mientras continúan las investigaciones.
El Gobierno mexicano, a través de su embajada en Tegucigalpa, pidió a su par hondureño que permita que Castro retorne al país «desde donde seguirá colaborando con el proceso de investigación», según un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Agregó que ha solicitado oficialmente a Honduras que detalle el alcance de las medidas de seguridad adoptadas para proteger al mexicano.
El asesinato de Cáceres la semana pasada desató una oleada de indignación en el país y la comunidad internacional. La líder ecologista se hizo acreedora del premio Goldman en 2015 luego de que paralizó la construcción de una presa que amenazaba con desplazar cientos de indígenas de etnia Lenka.
La policía no ha ofrecido todavía ninguna versión oficial sobre el ataque, que habría sido perpetrado por dos desconocidos que irrumpieron en el domicilio de Cáceres.
El activista mexicano podría reconocer al menos a uno de los asesinos, dijo Óscar Castro, hermano de Gustavo, quien actualmente está resguardado en la residencia de la embajada mexicana en Tegucigalpa bajo protección de la policía.
«Gustavo vio solamente a una persona», dijo Castro a Reuters, agregando que su hermano cree que podría reconocerla.
Las autoridades todavía no tienen ninguna hipótesis oficial, lo que ha levantado fuertes críticas de familiares y organizaciones no gubernamentales, como Amnistía Internacional, que piden una investigación internacional independiente.
Una fuente del Ministerio Público dijo a Reuters que la investigación contempla tanto el trabajo de Cáceres en defensa del medio ambiente como la criminalidad común en uno de los países con la tasa de homicidios más alta del mundo.
«Se investiga a varias personas cuyas identidades no se pueden revelar», dijo la fuente, que pidió el anonimato por no estar autorizada a dar declaraciones.
Hasta el momento, además de Castro tan solo han declarado un ex compañero sentimental de Cáceres, que también trabaja en el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH), y el vigilante del condominio donde se ejecutó el homicidio.
Sin embargo, familiares y compañeros critican que todavía no se haya llamado a los interesados en construir la represa que logró detener temporalmente Cáceres, quien no tenía protección al momento del ataque pese a que contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (Reporte adicional de Jean Luis Arce en Ciudad de México, editado por Enrique Andrés Pretel).
Fuente: Reuters
