José Antonio Ortega
Imposible pasar por alto la tragedia. Quisiéramos hablar de otra cosa. Sustraernos a los tiempos inéditos que vivimos. Olvidar el agobio que nos provoca una crisis sanitaria que se ensaña con el mundo. Una pandemia que avanza aceleradamente. Más rápido que la producción del antígeno. Más veloz que la estrategia de vacunación.
Pero no podemos cerrar los ojos ni permanecer ajenos ante un hecho irrefutable. El coronavirus ya contagió a cerca de 95 millones de la población mundial. En un año ha cobrado la vida de más de dos millones de seres humanos. Hoy por hoy las cifras van en aumento. Estados Unidos, Brasil, India y México continúan con las cifras más altas de letalidad.
México rebasa ya los 140 mil muertos. Más de un millón 630 mil mexicanos infectados en diez meses. Las cifras oficiales de la Secretaría de Salud espantan. Mil decesos diarios en promedio durante la última semana. Más de 15 mil muertes en los primeros días de enero. Esa es la cruda realidad.
Pero la atención oficial parece estar en otro lado. Instalada en la comunicación política. En el debate sesgado y el anuncio distractor. En la crítica y la descalificación. En la confrontación al contrario. En el ejercicio de comunicación “circular” que nos recetan desde Palacio Nacional. Cada mañana, de lunes a viernes, de manera puntual.
En una estrategia que acapara el ciberespacio. Que transmite íntegra -en vivo- la televisión pública. Que reproducen fragmentada los medios masivos. Ya para resaltar los logros de gobierno. Ya para marcar la agenda de medios o promover el falso debate. Para tomar distancia de los verdaderos temas de interés público.
Mientras tanto…
Privilegiar la salud y la vida puede esperar. La prioridad es otra. Está encaminada a defender la libertad de expresión. A salvaguardar el derecho a la información. Interactuar con el pueblo bueno y sabio. Influir en sus percepciones y valores. En sus sentimientos, más que en su razonamiento. Posicionar el mensaje de que vivimos en tiempos de censura.
Descalificar a los actores políticos. Desacreditar al arbitro electoral. Pasar por alto los ordenamientos jurídicos. Evitar a toda costa la veda informativa que impone la Carta Magna en tiempos electorales. Defender a ultranza la conferencia mañanera. Evitar que se suspenda su transmisión íntegra. Como ocurrió en 2019.
Apostar a la desmemoria colectiva. Borrar de un plumazo un antecedente del que se tiene registro: las conferencias mañaneras dejaron de transmitirse ese año. Fue durante los procesos electorales de: Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas.
“Se puede informar de otra manera”, admitió el inquilino de Palacio Nacional en ese momento. Pero los tiempos son otros y las circunstancias diferentes. Por eso la embestida. El falso debate que se promueve desde la Presidencia contra Instituto Nacional Electoral (INE).
Discusión a la que se suma Morena con mucho sesgo. Que carece de sustento y de base legal. Porque no se trata de suspender las conferencias de la mañana: no por ahora. Eso vendrá a su debido tiempo. En los plazos y tiempos que mandata la Ley. En el periodo comprendido del 4 de abril al 6 de junio, que es el día de la elección.
Por ahora el INE ha definido otras medidas cautelares. Aplicables al Presidente de la República. A los Gobernadores de los estados y a los Alcaldes de cualquier partido político. Todos –sin excepción- deberán abstenerse de emitir declaraciones relativas a los procesos electorales en curso.
El acuerdo del órgano electoral no gusta. Provoca reacciones airadas en la 4T. Mario Delgado Carillo, el dirigente nacional de Morena, acusa censura al Presidente. Atiza el falso debate. Señala injerencia indebida del órgano electoral. Desestima la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que acató el INE.
Por lo tanto…
Es conveniente serenar los ánimos. En estos tiempos de pandemia y crisis sanitaria. La sociedad demanda de sus autoridades seriedad. Profesionalismo y congruencia. Decencia política. Altitud de miras en la definición de prioridades. Porque la salud pública es un asunto prioritario en la agenda nacional. Está por encima del tema electoral.
Es necesario evitar el deterioro del pacto social. Erradicar el falso debate. Ponderar el respeto a la Constitución que los propios mandatarios juraron guardar y hacer guardar. No es bueno contaminar un proceso que apenas inicia. Las diferencias no se dirimen en los medios de comunicación. Para eso están las instancias jurisdiccionales.
Habrá que someterse a ellas. Acatar sus fallos y sentencias. Impedir que las pasiones se desborden antes de tiempo. Conviene recordar que los actores políticos deben conducirse con apego al Apartado C del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establecen con toda claridad que:
“Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales, y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental tanto de poderes federales, como de las entidades federativas, así como de los Municipios, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para protección civil en casos de emergencia”.
Acatar lo que señala el Artículo 134 constitucional y que a la letra dice que: “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres niveles de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.
Pero sobre todo, predicar con el ejemplo. Pasar del discurso a la acción y poner en práctica el principio número 14 de la Guía ética para la transformación de México que nos recetó el Gobierno de México, en noviembre pasado. Sí ese que refiere que Al margen de la ley, nada; por encima de la ley nadie. Todo por la razón y el derecho; nada por la fuerza. ¡Que así sea!
En esta semana crucial es tiempo de mirar hacia el norte. Allende la frontera del Río Bravo. Observar el relevo constitucional del Gobierno de Estados Unidos. Estar atentos a la llegada de Joseph Robinette Biden Junior a la Casa Blanca. Tomar nota de las líneas que marcarán se administración. Ver lo que ocurre con la ceremonia de asunción. Lo que pasa en medio de un ambiente no exento de polarización.
Analizar la forma en que conduce los primeros cien días de su mandato. La manera en que restablece el tejido social. De algo habrá de servirle la experiencia adquirida en sus ocho años como vicepresidente. En las seis diferentes ocasiones que representó a Delawere en el Senado. El oficio político que despliegue para restañar las heridas que dejó la intentona golpista de su antecesor.
Es evidente que las políticas públicas que pondrá en marcha impactarán de este lado. Que el cuadragésimo sexto presidente de la Unión Americana llega al cargo con otra visión. Con acciones de gobierno diferentes que abrirán una nueva etapa en la relación bilateral. Con otra forma de abordar los temas de seguridad, justicia, comercio internacional y flujos migratorios.
La responsabilidad recaerá en dos hombres, en dos nombres: Marcelo Ebrard Casaubón y Esteban Moctezuma Barragán. Ya se verá de que está hecho el canciller mexicano. Pero también el tamaño del futuro embajador de México ante Estados Unidos. En el caso de que asuma el despacho ubicado en el 1911 de la Avenida Pennsylvania en Washington, Distrito de Columbia, para los próximos cuatro años.
Imagen de Wilfried Pohnke en Pixabay
