*La 60 Legislatura exhorta al Consejo de la Judicatura a revocar las convocatorias publicadas y amaga con rechazar los nombramientos de magistrados que surjan del proceso actual.
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Toluca, Edoméx, 29 de octubre de 2019.- Juristas mexiquenses y diputados de la 60 Legislatura del Estado de México criticaron severamente las convocatorias emitidas por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México para el Concurso de Oposición para Magistrados en Materia Penal y en Materia Civil. Las convocatorias fueron publicadas en medios de comunicación el pasado 15 de octubre y de inmediato despertaron indignación pues parecen estar amañadas para favorecer a ciertos aspirantes e impedir el acceso de otros.
Por el lado de los juristas, se observa que el Consejo de la Judicatura viola en su perjuicio el derecho humano que consagran los artículos 1° y 5° de la Constitución Política mexicana, donde se establece: que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tiene n la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; así mismo, que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo, que le acomode, siendo lícitos.
En ese sentido, el Consejo de la Judicatura tiene la obligación de no impedir a los profesionistas destacados del Estado de México participar en los cursos de capacitación y concursos de oposición para magistrados. Sin embargo ese derecho se está violando y de acuerdo a los juristas sería causa de concepto de violación en la infinidad de juicios de amparo que puedan promoverse.
A la desaprobación de las convocatorias emitidas por el Poder Judicial se sumaron los diputados de la 60 Legislatura mexiquense, quienes aprobaron exhortar al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México para dejar sin efecto las convocatorias expedidas y emitir otras en que se dé plena observancia a las disposiciones legales y constitucionales correspondientes.
También conminan a adecuar el proceso de selección y designación de magistrados civiles y penales, que se encuentra en curso, a los preceptos constitucionales y a la propia Ley Orgánica del Poder Judicial.
El documento expone que, de no acatarse este exhorto, la Legislatura podría rechazar los nombramientos de magistrados que surjan del proceso actual.
La diputada, en su exposición, señaló que en la convocatoria se establece como requisito de participación haber aprobado un curso de capacitación impartido previamente por la Escuela Judicial, que no fue público, sino para sus miembros, “lo que anula la posibilidad de que participen personas no adscritas; aparte, estas convocatorias discriminan a jueces de primera instancia que no tomaron dicho curso, el cual, además, fue impartido por invitación, no por convocatoria abierta, por lo que no podría ser vinculatorio al concurso referido”.
La diputada Azucena Cisneros detalló que este año la Legislatura aprobó una reforma relacionada con la conformación y designación de integrantes del Consejo de la Judicatura, jueces y magistrados y la apertura de concursos de oposición a personas no integrantes del Poder Judicial, pero con trayectorias profesionales y meritorias para serlo, la cual se publicó en los decretos 68 y 69 del 15 y 16 de julio pasados.
Esta modificación a la Constitución y a la Ley Orgánica del Poder Judicial puede verse como “un esfuerzo de transformación en el ámbito judicial favorable al fortalecimiento de su autonomía, su apertura a la pluralidad actual y la rendición de cuentas, y a la profesionalización de sus integrantes”, expuso.
Sin embargo, prosiguió, pese esta nueva normatividad, la convocatoria del Consejo de la Judicatura del pasado 15 de octubre para concurso de oposición en materia penal y civil no la considera, sino que refleja “un ánimo proclive a la continuidad de prácticas que buscan mantener en un circuito cerrado la designación de magistrados”.
Al insistir en que tales convocatorias tienen defectos y vicios de origen que van a incidir en el proceso de selección, enfatizó que “no podemos permitir que sigan vulnerando las determinaciones de esta Legislatura en perjuicio de la apertura del Poder Judicial y la democratización del Estado”.
Enfatizó que ningún ámbito del poder público “debe asumirse excluido del proceso de transformación republicana que ha empezado con el arribo de una amplia mayoría que se ha puesto como propósito combatir la impunidad y la colusión de intereses. Cerremos el paso a las argucias que pretendan suplantar la plena legalidad. La reforma al Poder Judicial va”.
En nombre del PAN, la legisladora Ingrid Krasopani Schemelensky Castro expuso el voto en contra de esta bancada por considerar que el actual proceso sí se ajusta a lo dispuesto tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica citada, y llamó a los poderes locales a dar cumplimiento al estado de derecho.
