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12 de octubre 2017.- La Cámara de Diputados de México aprobó, después de dos años de negociaciones, una ley contra la desaparición forzada, con penas de hasta hasta 90 años de cárcel por este delito, en un país con unos 30.000 desaparecidos.
La ley fue aprobada con 361 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, después de que el Senado le diera luz verde en abril. Ahora será enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Esta ley «es un avance fundamental para fortalecer la búsqueda de decenas de miles de personas desaparecidas en el país», celebró el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que pidió blindarla con los recursos suficientes para hacer efectivos sus propósitos.
El jefe de la delegación para México, Centroamérica y Cuba del CICR, Juan Pedro Schaerer, dijo que se trata de una ley que era esperada con interés por familiares de personas desaparecidas y expertos, que
ayudaron a configurarla. «Ahora será fundamental, para que cumpla las expectativas depositadas en ella, dotarla del presupuesto necesario por parte de la Cámara de los Diputados para atender a las familias, y trabajar en los reglamentos y leyes secundarias que hagan de su aplicación una realidad», afirmó.
La ley establece penas de 40 a 60 años de prisión por desaparición forzada, castigo que puede aumentar hasta en una mitad si la víctima pierde la vida, es migrante, menor de edad, mujer, discapacitado, periodista o defensor de los derechos humanos, entre otros. Cuando se trate de desapariciones cometidas por particulares, como sería el caso de acciones del crimen organizado, la pena será de 25 a 50 años de prisión.
Asimismo se crean un Sistema Nacional de búsqueda de personas con una Comisión Nacional, un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas y fiscalías especializadas. Entre los objetivos está la homologación de datos forenses y registros para facilitar la búsqueda y localización de víctimas.
La ley, que empezó a elaborarse en 2015 después de la desaparición de 43 estudiantes de magisterio de la escuela rural de Ayotzinapa, fue impulsada por distintas organizaciones civiles, entre ellas el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Los estudiantes de Ayotzinapa fueron secuestrados por policías municipales aliados con un grupo del crimen organizado en el sur de México en septiembre de 2014 y hasta ahora sólo se identificaron con certeza fragmentos óseos de uno de los estudiantes.
Con información de Efe, Dpa
