10 de agosto 2021.- El abogado Antonio Lara Duque calificó como una “mascarda” y una traición al pueblo mexiquense la terna presentada por los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso local a la comisión legislativa de Derechos Humanos.
“Todos sabemos que los acuerdos políticos –totalmente inconfesables—favorecerán el nombramiento de Mirna Araceli García Morón, integrante de la alta burocracia mexiquense y persona cercana a los grupos de poder tanto del gobernador Alfredo del Mazo, como de Eruviel Ávila Villegas.
A pesar de que la Junta de Coordinación Política “aprobó” que los candidatos idóneos a ocupar la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) son Edgar Humberto Cruz Martínez, María Guadalupe González Jordán y la expresidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de México, Myrna Araceli García Morón, en realidad, esta última ya está “palomeada” por los diputados, para convertirse en la próxima ombudsperson en la entidad por los próximos cuatro años.
Esta es una nueva traición de los legisladores quienes optaron por entregar dicho organismo autónomo al gobierno del estado, y con ello, se prevé cuatro años de una comisión alejada del interés de los mexiquenses y una institución apegada a los designios políticos del grupo dominante. “No sé como los diputados de Morena –mayoría en el Congreso local—van a explicar la designación de este personaje a la población que creyó en ellos al otorgarles su voto”.
Lara Duque, recordó que al presentar su programa de trabajo para presidir la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), recalcó que resulta indispensable construir una institución defensora del pueblo que lleve a la entidad a los más altos estándares nacionales e internacionales en la materia.
Es necesario, dijo, revisar el catálogo institucional de violaciones en la entidad mexiquense y crear una red armonizada de peritos especializados en la detección del delito de tortura, que hoy carece la institución.
Lamentó, asimismo, que la figura del defensor del pueblo -depositada constitucionalmente en las Comisiones de Derechos Humanos-, se haya convertido en una “figura de ornato político que ha dejado de ser realmente una instancia de protección y defensa de los derechos fundamentales, alejándose de la ciudadanía y aproximándose demasiado a las esferas de poder político y económico”.
Necesitamos, sostuvo, una comisión que ayude desde sus propias facultades al mejoramiento de las políticas públicas de los gobiernos en nuestra entidad y sobre todo, que abone en la efectiva protección de los derechos fundamentales de toda la población mexiquense.
Lamentó la decisión de los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura del Congreso del Estado de México, al desechar a otros aspirantes que cuentan con experiencia de al menos dos décadas en la protección de los derechos fundamentales, cercano a las comunidades y a los grupos en situación de vulnerabilidad, como son los campesinos, los indígenas e integrantes de colectivos LGTTI.
Anunció que, pese a la decisión del Congreso del Estado de México, continuará trabajando en la promoción y respeto de los derechos humanos, al promover iniciativas como la Ley de Aministía que permite obtener la libertad de cientos de personas que fueron injustamente privadas de la libertad mediante detenciones, procesos y juicios que violaron sus garantías y derechos.
