Juan Carlos Lara/Apocaliptic.com
Toluca, Edoméx, 16 de julio de 2021.- La transformación del Poder Judicial del Estado de México, encabezado por el magistrado Ricardo Sodi Cuéllar, es sólo tecnológica y en apariencia, en lo mero superficial porque en los hechos la impartición de justicia, que es su fundamento, el más alto tribunal mexiquense le sigue debiendo al pueblo del Estado de México. Sus criterios, sentencias y posturas son reveladoras de su falta de compromiso con la justicia.
Un estudio realizado por el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero revela que de los casi 32 mil presos que hay en el Estado de México, 19 mil 500 se encuentran privados de su libertad por razón de DISCRIMINACIÓN.
Sentencias de algunos jueces mexiquenses hacen ver a la impartición de justicia en el Estado de México como una especie de Santa Inquisición moderna, donde la testimonial, si conviene al sistema, aunque tenga mil inconsistencias, es una especie de prueba irrefutable… Para el TSJEM la testimonial se convirtió en la madre de todas pruebas… más aún si esa testimonial proviene de un integrante de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por lo general agente ministerial o hasta “madrina”.
Ni la Ley de Amnistía del Estado de México, ni la Lucha del Movimiento de Familiares de Personas Injustamente Presas, ni el arduo trabajo de Organizaciones NO Gubernamentales, ha logrado la reforma anhelada en el Poder Judicial que imparte justicia a los mexiquenses.
La Ley de Amnistía del Estado de México, que tendría que ser la reivindicación de las instituciones de la justicia en la entidad, se ha quedado corta por la decisión autoritaria del Poder Judicial mexiquense quien ha usado esta ley para aplicar una especie de perdón monárquico a los presos, pero se niega a enmendar los visibles y comprobables errores que sus jueces han cometido a la hora de dictar sentencia y hasta hoy mantienen en prisión a miles de personas que, con una defensa adecuada, recursos económicos y, principalmente, con jueces menos racistas y clasistas, deberían estar en libertad.
El abogado egresado de la UNAM, defensor incansable de los derechos civiles y uno de los mexiquenses más representativos de la lucha contra la injusticia en la entidad y en el país, José Antonio Lara Duque, resume así la impartición de justicia en el Estado de México:
«En el Estado de México, hoy por hoy, la gente está presa acusada de homicidio, de secuestro y otros delitos mayores por testimoniales, donde la única prueba es la declaración de testigos fabricados o presionados para declarar lo que a las estadísticas de la Fiscalía y el Tribunal conviene”.
La modernización del Poder Judicial es sólo en apariencia. El uso de las nuevas tecnologías es sólo para lo que vende, pero no para enmendar los errores del pasado, no para poner la tecnología al servicio de la justicia. La investigación científica de los delitos no existe para el alto Tribunal.
La Ley de Amnistía del Edoméx, que como la Federal, emana de la iniciativa del presidente López Obrador, se distingue por su perspectiva más profunda, pues logró que se entendiera que la fabricación de delitos se puede registrar tanto en los calificados como de alto y bajo impacto. Es decir: así como fabrican delitos por el robo de un kilo de manzanas, también los fabrican por secuestros, violaciones u homicidios.
En el Estado de México, por la Ley de Amnistía, hoy son más de 600 los presos que han sido liberados en jurisdicción mexiquense, algunos por delitos famélicos, otros por delitos menores y otros menos hasta por narco menudeo (tuvieron para el “moche”), pero esos son datos que venden, estadística que nada aporta al tejido social o la reintegración social de los excarcelados.
En los hechos, en los pasos del Poder Judicial mexiquense, la Ley de Amnistía del Estado de México, mecanismo único en el país que incluso ha sido reconocido por organismos internacionales como la ONU, se ha convertido en una herramienta de publicidad y engaño para Ricardo Sodi, presidente del TSJEM que pretende cubrir los números y las notas periodísticas, pero niega la oportunidad de libertad a las personas más desfavorecidas, a los que por falta de dinero no tienen la posibilidad de defensa a pesar de que, con nuevas pruebas basadas en la ciencia criminal, como pruebas de ADN, podrían mostrar su inocencia o ser elegibles para acogerse a la Ley de Amnistía.
Los datos lo dicen todo: mientras el Tribunal de Ricardo Sodi Cuéllar ha liberado a poco más de 600 presos como se dijo líneas arriba, al mismo tiempo ha negado siquiera la revisión del caso a más de una veintena de solicitudes de amnistía (para presos con más de 3 años de cárcel) por casos de delitos mayores en los que la sentencia condenatoria se basó en testimoniales inconsistentes que hoy, con nuevas pruebas basadas en investigación científica, demuestran la inocencia de esos condenados.
Las solicitudes de amnistía negadas por el Poder Judicial del Estado de México a más de 20 presos acusados de delitos de alto impacto cuentan, incluso, con pronunciamientos de organismos internacionales que han observado y reconocido diversas violaciones a los derechos humanos de esos presos y por ende sentencias injustas.
La negación de los jueces comandados por Ricardo Sodi Cuellar a liberar a los inocentes y mantener a los culpables en libertad puede entenderse en el análisis de José Antonio Lara Duque, a ciencia cierta uno de los verdaderos defensores de los Derechos Civiles en el Estado de México:
“Lo que dice el Poder Judicial Mexiquense es: no reconozco ningún pronunciamiento ni de la ONU porque YO HAGO TODO BIEN… NUNCA ME EQUIVOCO… SOY DIOS”.
El resultado de todo lo anterior es muy simple: el Tribunal Superior de Justicia encabezado por Ricardo Sodi Cuellar, impuesto por poderes fácticos y avalado por los diputados de MORENA, no está dispuesto a reconocer sus errores y corruptelas. El TSJEM jamás nos dirá me equivoqué, porque al decirlo se pondría en evidencia y tendría que reconocer que sentenció sin evidencias, más allá de la duda razonable, a muchos mexiquenses que hoy podrían demostrar su inocencia.
Para José Antonio Lara Duque el resultado de este sistema de justicia generado desde el poder es fácilmente identificable: “Miles de personas inocentes están en la cárcel y miles de personas culpables gozan de libertad”.
Basados en el análisis de Lara Duque, la política del TSJEM sería una de las causales de que el incremento general en el índice delictivo en el Edoméx no tenga fin. “Para el Tribunal de Justicia del Estado de México es más importante engordar las cifras oficiales que hacer justicia a los mexiquenses”.
La realidad mostrada en cientos de historias acreditadas por el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” es muestra de todo lo anterior. Los estratos sociales más vulnerables del Estado de México están siendo las víctimas de un sistema de justicia corrupto, racista, clasista e indispuesto a reconocer sus errores.
En la actualidad los extractos más vulnerables del Estado de México (homosexuales, lesbianas, indígenas, madres solteras, hijos sin hogar, desarraigados, pobres o simplemente ciudadanos de a píe son víctimas de la (in)justicia mexiquense. De un sistema que además de permitir la fabricación de culpables promueve la impunidad de los verdaderos responsables.
En este contexto, la impartición de justicia en el Estado de México, bajo una perspectiva humanista, se resume así: se castiga la pobreza, se sanciona el poco acceso al derecho, se criminaliza la falta de educación y se hace culpable por lo general a representantes de los sectores más vulnerables…
Así la justicia mexiquense.
