*Agresores y deudores alimentarios, no podrán ser candidatos en 2021. Queda pendiente paridad de género en cargos públicos, dicen diputadas.
Francisco Javier López/Apocaliptic.com
Toluca, Edomex, 13 de agosto de 2020.- Personas con antecedentes de haber incurrido en violencia política contra mujeres o sean deudores alimentarios, no podrán contender por cargos públicos en 2021; además la propaganda política o electoral, no podrá contener mensajes discriminatorios o violentos contra mujeres, tras las reformas aprobadas.
Lo anterior, formó parte de los puntos contenidos en la agenda del orden del día de la sesión deliberante de la LX legislatura local, en donde la diputada de Morena, Mariana Uribe Bernal, dio lectura al dictamen de reformas a la Constitución, Código Administrativo, Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Código Electoral, Ley de la Fiscalía General de Justicia y la Ley de Responsabilidades Administrativas de Estado y municipios, todas del Estado de México, en materia de violencia política y paridad de género.
La legisladora, señaló que parte de estas reformas, es también eliminar el lenguaje sexista de los citados ordenamientos, en lo cual trabajaron las bancadas del PRD, PAN y Morena, por separado, conjuntando coincidencias, durante los trabajos de comisiones, señaló.
Mariana Uribe, recordó que con estas reformas, que agrupan seis iniciativas, a las que se sumaron otros grupos parlamentarios, la Cámara local se reitera como la Legislatura de la paridad de género; reconoce el derecho de las mujeres a participar en política y en cargos públicos, pues tradicionalmente se les ha menospreciado y se ha impuesto el dominio del hombre.
“Hoy abrimos la puerta para que más mujeres se empoderen, rompan paradigmas y ocupen cargos públicos y de alto mando. Abrimos un camino para hombres y mujeres, decimos basta a expresiones de machismo y que empiecen a tratarnos como pares”, apuntó la legisladora.
Por su parte, la diputada Karina Labastida, destacó desde la tribuna, que estas reformas aprobadas, ponen freno a la violencia política, garantizan el respeto a los derechos políticos, y a la paridad de género en la administración pública estatal y organismos autónomos como el IEEM y el Tribunal Electoral.
“El reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres como los político-electorales ha constituido un camino muy largo, por mucho tiempo tortuoso con obstáculos frente a los cuales las mujeres nos hemos encontrado, sin desistir; sin rendirnos, lo estamos logrando”, destacó Labastida Sotelo.
También subió a tribuna, la diputada Azucena Cisneros Coss, quien precisó que en la elección de 2018, el 62.5 por ciento de las ex candidatas se asumieron como víctimas de violencia política, y recordó que la propia ex aspirante morenista a gobernadora, Delfina Gómez fue víctima de agresiones y comentarios machistas cuando el 17 de abril, Claudia Ruiz Massieu, Ana Lilia Herrera y Alejandra del Moral, la llamaron “incapaz, manipuladora y mentirosa”.
“Dudar de la inteligencia política, de la capacidad y de la autonomía de una candidata por ser mujer y pobre, es una de las formas más perversas de violencia política de clase y de género”, acusó Cisneros.
Pese a que el 52 por ciento de la población son mujeres en la entidad, su participación en la vida política no es equitativa, pues nunca ha habido una gobernadora; hasta hora hay alcaldesas en 40 de los 125 municipios y de las 18 dependencias estatales, sólo 5 están encabezas por una mujer.
En tanto, el diputado de Morena, Mario Gabriel Gutiérrez, aseveró desde al tribuna, que tras intensas discusiones, se logró consenso entre los grupos parlamentarios para poner frenos a agresores y deudores alimentarios que quieran ser candidatos o trabajar en el servicio público, y además se impulsan los idearios plasmados en la Cartilla Moral.
“Las nuevas disposiciones obligarán a la clase política a esforzarse por ser ejemplo de conducta ante la sociedad, y tener autoridad moral e impulsar las reformas que el estado requiere”, apuntó.
En el Código Electoral del Estado de México, los partidos políticos, deberán garantizar el principio de paridad de género en el ejercicio de los derechos políticos y electorales, así como el respeto a los derechos humanos de las mujeres.
A partir de estas reformas, se tendrá que crear la Unidad Técnica Para Atender la Violencia Política Contra Las Mujeres, del IEEM, la cual se encargará de atender agresiones a precandidatas, aspirantes, militantes, servidoras públicas, periodista y defensoras de derechos humanos.
